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Unas 74.000 enfermeras han sufrido la Covid-19 en nuestro país, 5.500 de manera grave, y solo a tres de cada diez se les ha realizado más de una prueba diagnóstica de esta enfermedad a lo largo de la crisis sanitaria. Unos profesionales que suspenden con un 3 sobre 10 la cantidad y calidad del material de protección que han tenido a su disposición, viéndose obligados 8 de cada diez a reutilizar las mascarillas FPP-2 o FPP-3 para atender a las miles de personas afectadas por el coronavirus.

Así se concluye en el análisis que una empresa especializada en estudios online ha realizado para el Sindicato de Enfermería, SATSE, tras realizar una encuesta a finales de mayo y principios de junio a un total de 8.218 profesionales del conjunto del Estado sobre su situación y condiciones de trabajo en la actual crisis sanitaria de la Covid-19.

La alta afectación de la enfermedad dentro del colectivo enfermero, la falta de suficiente material y equipos de protección, así como de pruebas diagnósticas de la Covid-19, y las graves consecuencias que su lucha contra la enfermedad ha supuesto nivel personal y familiar son algunas de las principales conclusiones del estudio y que, a juicio de SATSE, refrendan las sucesivas y reiteradas denuncias que desde la organización sindical se han realizado tanto a nivel nacional como internacional, según se concluye en un comunicado.

Por un lado, el estudio señala que nueve de cada diez profesionales de Enfermería encuestados han trabajado durante la crisis sanitaria y que también nueve de cada diez han tenido contacto con pacientes diagnosticados o sospechosos de coronavirus (91,60%). De los encuestados, casi tres de cada diez aseguran haber tenido síntomas de la enfermedad, lo que supone alrededor de 74.000 profesionales en el conjunto del Estado, teniendo un carácter grave en unos 5.500 de los casos.

En cuanto a las pruebas de detección de la enfermedad, tres de cada diez (36,65%) afirman que le han realizado más de una prueba, mientras que a un 55,35 por ciento sólo le hicieron una. Las pruebas realizadas han sido PCR en el 56,22% de los casos, test rápidos en el 53,70% de los casos y estudios serológicos en el 46,41%.

En lo que respecta a la  protección con la que han contado para realizar su trabajo, la cantidad y calidad del material disponible ha sido valorado por los profesionales durante las peores semanas de la pandemia con 3,46 puntos sobre 10, siendo muy mal puntuada (de 0 a 4) por 2 de cada 3 enfermeras/os (67,08%). Ahora sigue siendo percibida con una media de 5, y es suspendida por un 38,06% de los profesionales encuestados.

Asimismo, tres de cada cuatro consultados consideran que necesitarían más información y formación sobre el manejo de los EPI (76,32%), y más de uno de cada 3 declaran no haber recibido ningún tipo de información y formación al respecto (35,83%).

El material que más han tenido que reutilizar ha sido la mascarilla FPP-2 o FPP-3 y ha sido así para cerca del 80% de las profesionales (77,30%). Por otra parte, cerca del 60 por ciento han reutilizado mascarillas quirúrgicas (61,66%) y más de la mitad batas impermeables (53,59%), mientras que uno de cada 4 profesionales tuvieron que reutilizar trajes de buzo de los de un solo uso (25,75%).

El estudio realizado también concluye que cerca de un 27% del personal de enfermería ha realizado alguna denuncia, escrito de queja o similar respecto a las circunstancias de seguridad existentes durante las semanas de crisis sanitaria.

Asimismo, la pandemia de la Covid-19 ha afectado a la estabilidad del puesto de trabajo a cerca del 20 por ciento de los encuestados, y  casi el 15% han necesitado ayuda psicológica por la sobrecarga laboral y duras condiciones que han tenido que soportar (estrés, ansiedad, contacto permanente con el dolor y, en muchas ocasiones, la muerte…), según el estudio.

Por último, la encuesta pregunta sobre la implicación del centro sanitario o sociosanitario en el que trabajan durante la crisis sanitaria y le dan una nota de 4,27 sobre 10, mientras que puntúan con un 5,74  sobre 10 a la implicación de su mando superior.

“Las conclusiones del estudio no dejan lugar a dudas de que la falta de previsión y diligencia de las autoridades competentes ha puesto en grave riesgo a la salud y seguridad de las enfermeras y enfermeros, así como la de las personas de su entorno”, subraya SATSE, que insiste en que “todos los problemas, errores y deficiencias constatadas no pueden volver a producirse en caso de nuevos rebrotes de la enfermedad, porque sería una falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos y de los profesionales”.