Seleccionar página

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha mostrado “su absoluto y contundente rechazo” a que las pruebas de detección del coronavirus a personas que pudieran estar infectadas se realicen en las oficinas de farmacia “por los riesgos que supondría para la seguridad de los ciudadanos”, y ha defendido que sean realizadas siempre por “el personal sanitario que, como las enfermeras, enfermeros u otros profesionales, tienen la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y de conformidad con la normativa vigente”.

Afirman en un comunicado, que “es un absoluto despropósito querer convertir las oficinas de farmacia, que no olvidemos que son un negocio privado, en centros sanitarios para realizar este tipo de pruebas”. Desde este organismo se afirma también que “estaríamos propiciando, además, la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de la Covid-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que, generalmente, es cerrado y limitado en su estructura”.

En contra de la seguridad

En este sentido, SATSE y el Consejo General de Enfermería recalcan que “la intención de los  farmacéuticos va en contra de la política de seguridad y protección de la salud de los ciudadanos que han implementado las autoridades sanitarias al fomentar la atención telefónica y no presencial en Atención Primaria para evitar así las aglomeraciones y afluencia de personas en los centros de salud y, de esta forma, minimizar los riesgos de contagio y propagación de la enfermedad”.

Asimismo, la Mesa de la Profesión Enfermería apunta que las oficinas de farmacia “no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a la hora de realizar este tipo de pruebas”, reiterando “la necesidad de contar, por ejemplo, con la delimitación de circuitos  seguros de tránsito de personas, una gestión optima de la eliminación de los residuos generados contaminados, personal cualificado para la realización e interpretación de las pruebas, así como registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública”.

La Mesa considera que no debe “dar satisfacción al afán desbordado de los empresarios que tienen oficinas de farmacia por incrementar sus beneficios, debiendo en todo caso destinar a la sanidad pública los recursos y medios necesarios, para asegurar la realización de todas las pruebas necesarias al conjunto de la ciudadanía en los centros sanitarios públicos o aquellos habilitados para tal cometido por parte de profesionales sanitarios, cualificados y siempre en el marco de la sanidad pública”.