Seleccionar página

El presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE, Manuel Cascos, ha intervenido hoy, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, para pedir el apoyo de todos los grupos políticos al proyecto de Ley que convertiría a España en el primer país europeo y uno de los primeros del mundo en contar con una norma que garantice la seguridad en la atención sanitaria y cuidados a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera y enfermero, según se ha informado en un comunicado.

La intervención del presidente de SATSE en la Comisión de Sanidad para exponer a los grupos las principales razones que justifican la aprobación de la Ley de Seguridad del Paciente es el paso previo para que se pueda tomar en consideración en próximas fechas en el Pleno de la Cámara Baja, una vez que se lograron el pasado año las más de 660.000 firmas de ciudadanos y profesionales que permitieron que entrase en el Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular.

Cascos ha subrayado que esta norma persigue garantizar la seguridad del paciente con independencia del lugar donde se viva, centro sanitario o sociosanitario donde se reciba la atención y cuidados y al margen de si eso ocurre en la Sanidad pública o privada, y ha recalcado que es más necesaria que nunca “una vez que la grave crisis sanitaria y social provocada por la pandemia de la Covid-19 ha dejado al descubierto que el déficit existente de enfermeras y enfermeros en España es el “talón de Aquiles” de nuestro sistema sanitario2.

“Somos el sexto país del mundo con menos enfermeras y enfermeros en relación a su población, disponiendo solo de cinco profesionales para atender y cuidar a 1.000 personas, mientras la media europea es de casi nueve y hay países con más de 15 y 16 enfermeras y enfermeros por ciudadano”, ha apuntado.

Falta estructural de personal

El presidente de SATSE ha dicho que esta “falta estructural e histórica de enfermeras y enfermeros supone, según las conclusiones del estudio “Análisis de la situación de las enfermeras y enfermeros, matronas y fisioterapeutas en los centros sociosanitarios del país”, que en muchos de nuestros hospitales haya entre 15 y 20 pacientes  por cada enfermera, cuando la ratio segura está en 6-8 pacientes por cada profesional, y que en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no se respete habitualmente la ratio segura de un máximo de dos pacientes asignados a una enfermera/o, superando con frecuencia los tres y hasta cinco pacientes por enfermera/o”.

En lo que respecta a los centros de salud, la asignación de pacientes por enfermera/o es de entre 1.600 y 1.800 personas cuando no debería superar, según criterios del propio Ministerio de Sanidad, los 1.000 ciudadanos, mientras que en los centros sociosanitarios, como las residencias de mayores, una sola enfermera o enfermero, caso de que el centro disponga de estos profesionales, ha de prestar atención sanitaria y cuidados hasta a 100, 150 e incluso 200 residentes.

Una lamentable realidad, ha dicho, que conlleva que las complicaciones en el proceso de atención y cuidado aumenten sustancialmente, afectando de manera directa a la morbilidad y mortalidad de los pacientes. Al respecto, ha aludido a la revisión sistemática realizada de más 100 estudios científicos que concluyen que la falta de enfermeras y enfermeros en los centros sanitarios incrementa el riesgo de muerte hasta en un 13 por ciento y conlleva un aumento sustancial de las infecciones en los pacientes y de la probabilidad de reingreso hospitalario, así como un incremento sustancial de los costes sanitarios, el alargamiento de las estancias y la inevitable deshumanización de la atención y cuidados.

En otro momento de su intervención ante los diputados de la Comisión de Sanidad, Cascos ha remarcado que desde hace más de diez años se viene reconociendo en el Parlamento y en el Gobierno la necesidad de resolver el problema de la falta de enfermeras y enfermeros en nuestro país, pero a día se hoy aún no se ha hecho nada.

Al respecto, ha aludido a la “Ponencia de Estudio de las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud”, aprobada en las Cortes Generales en 2010; el Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del SNS, suscrito en 2013, y las conclusiones en materia sanitaria de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país aprobadas este mismo año.

Por último, Cascos ha comentado: “Tenemos el apoyo de la sociedad y hoy pedimos el acuerdo de todos los grupos para posibilitar la tramitación y aprobación del proyecto de Ley de Seguridad del Paciente y, de esta forma, garantizar y ofrecer una asistencia sanitaria y cuidados en óptimas condiciones de calidad, igualdad y seguridad para satisfacer el derecho constitucional a la salud de cualquier persona recogido en nuestra Carta Magna”.