El sindicato ha observado “un repunte de casos después del periodo de emergencia sanitaria por la COVID-19″. También se ha constatado un aumento en el número de denuncias de profesionales sanitarios después de una agresión verbal o física entre 2017 y 2018. Y así se ha reflejado en el informe correspondiente del Ministerio de Sanidad. Durante 2017 se registraron 8.326 notificaciones, lo que supone una tasa global de 15,39 agresiones por cada 1.000 profesionales. En 2018 hubo 9.506 notificaciones, lo que supone una tasa de 17,17 agresiones por cada 1.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Incremento de agresiones a profesionales sanitarios

El perfil del profesional agredido es en su mayoría mujer, entre los 35 y los 55 años, y perteneciente a personal de enfermería y médico. Para Satse “no es de recibo que aún no se conozcan los datos de 2019 y, sobre todo, 2020”. Así se podrían “adoptar las actuaciones necesarias para acabar con un grave problema que afecta a ocho de cada diez enfermeras y enfermeros, según las encuestas”. Asimismo, Satse ha indicado que las agresiones vuelven a ser “muy frecuentes” durante la pandemia. Así, se repiten los episodios de violencia verbal, como insultos o amenazas, y también los de carácter físico, como empujones o golpes.

La solución a este “grave problema”, según Satse, pasa por aprobar una norma estatal que implique y obligue a todas las administraciones públicas sanitarias. También debe incluir a la sanidad privada y concertada. Todos deben adoptar las medidas y actuaciones necesarias a nivel preventivo y de actuación en defensa del profesional después de una agresión.

En la actualidad, cada servicio autonómico de salud establece los protocolos y actuaciones “de manera independiente y descoordinada, con mayores y menores resultados”. Es necesario pactar “una respuesta conjunta, coordinada y eficaz en el conjunto del país a través de la aprobación de una norma estatal”, ha destacado Satse.

Propuesta de observatorio

En este sentido, la organización sindical ha recordado que hace unos meses elaboró un borrador de anteproyecto de ley que establece un amplio conjunto de medidas para proteger a todos los profesionales sanitarios víctimas de agresiones. Esta propuesta incluye la prevención, sensibilización, información y apoyo. Ya se ha trasladado al Ministerio de Sanidad y a los principales partidos políticos. Entre otras actuaciones, se propone la creación de un Observatorio sobre la violencia en el ámbito sanitario. Asimismo, se ha planteado la elaboración de un Plan de Prevención contra la Violencia en el ámbito sanitario en cada servicio de salud autonómico, así como en cada empresa o centro de trabajo.