El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, “siguen priorizado los intereses económicos por encima de la salud de las personas”. Este sería el motivo de que no llegan a los acuerdos que permitan el traspaso de la Sanidad Penitenciaria en el conjunto del Estado.

A este respecto, SATSE, ha vuelto a dirigirse por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Denuncian que la situación sigue casi “en el punto de partida”. Todo ello, aunque hayan transcurrido ya más de 18 años desde que se adquirió el compromiso de del traspaso de la Sanidad Penitenciaria a los gobiernos autonómicos.

De hecho, salvo en el caso de País Vasco, Cataluña y Navarra, las personas privadas de libertad en las restantes autonomías siguen sufriendo una precaria atención sanitaria penitenciaria. Especialmente por las difíciles y penosas condiciones laborales que tienen los profesionales sanitarios.

Traspaso de la Sanidad Penitenciaria

La última información pública al respecto de la que el sindicato tiene conocimiento es del 1 de junio de 2021. Entonces, desde el Ministerio del Interior se afirmaba que se habían retomado, después de la pandemia, una serie de actuaciones” para propiciar el traspaso de la Sanidad penitenciaria. Apuntaba, en concreto, que se estaba trabajando con los gobiernos de Baleares, Andalucía y Aragón.

Igualmente, SATSE recuerda que durante los últimos años han sido múltiples las mociones, proposiciones no de ley y otro tipo de iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, en las que se insta al Gobierno al traspaso de la Sanidad penitenciaria. Pese a ello, “una tras otra, han caído en saco roto”.

Como insiste el sindicato, que sea aún el Ministerio del Interior el que gestione la Sanidad Penitenciaria en 14 de las 17 comunidades autónomas conlleva duplicar numerosos recursos. También a problemas de falta de comunicación y coordinación con los servicios de salud correspondientes. En el caso de los profesionales, a una clara e injustificable discriminación al no tener las mismas condiciones laborales y profesionales que sus compañeros y compañeros dependientes de las autonomías.